Por: Brandon Celaya

El domingo pasado, la Cámara de Diputados se llenó de “traidores a la patria”, al menos si le creemos tanto al partido en el poder, como a la oposición. La alianza opositora Va x México se unió bajo el lema “voto patriota” (y se sentó con un cabildero italiano) para ir en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. A su vez, el partido oficial acusó a sus opositores de traicionar a la patria por utilizar su voto legislativo para “mantener el robo de las empresas eléctricas extranjeras”.

Más de 12 horas discutieron las y los diputados para finalmente tumbar la iniciativa de López Obrador con 223 votos en contra y 275 a favor, frente a los 334 necesarios. Sin importar el lado que se escoja, uno encontrará más de doscientos “traidores a la patria”. Si bien, la oposición celebró el rechazo a la reforma constitucional como un triunfo, el primer mandatario activó rápidamente su plan B: modificar la Ley Minera para nacionalizar el litio y otros minerales estratégicos.

Al día siguiente, Diputados y Senadores aprobaron en tiempo récord modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley Minera. Con esto se blindó el litio, cuya explotación queda ahora en manos del Estado mexicano.

El problema de la minería en México

México tiene una extensión de 200 millones de hectáreas, de las cuales 120 millones están en manos de empresas mineras. El 87% de estas concesiones le pertenecen a mineras de tan solo dos países: Estados Unidos y Canadá. Es decir, la tercera parte del territorio nacional pertenece a extranjeros, así como los minerales que extraen.

La entrega de los recursos del país se comenzó a bosquejar con la reforma al artículo 27 Constitucional, llevada a cabo en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que derivó en la primera versión de la Ley Minera. Este mismo artículo es utilizado por la actual oposición para argumentar que el litio “ya está nacionalizado” y que no era necesario modificar la ley surgida del Salinismo. Ciento veinte millones de hectáreas en manos extranjeras demuestran lo contrario.

Tan solo entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron una cifra equivalente al doble del oro que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia en México. El periodista Jesús Lemus en su libro México a cielo abierto (2017) explica que “en todos los proyectos de explotación de oro que a la fecha se llevan a cabo en México existe la presunción de colusión del crimen organizado con las mineras”. Las empresas extractivas han logrado establecer una relación ganar-ganar con la delincuencia organizada, pues estos últimos sirven como un cuerpo de seguridad alternativo para las mineras y así acallar protestas sociales y periodistas críticos. A su vez, el narco obtiene un ingreso más de manera relativamente sencilla.

En México, prácticamente no existe un solo proyecto minero que no haya ocasionado problemáticas sociales: se estima que hay al menos 276 ejecuciones, 126 desapariciones y más de 11 mil desplazamientos forzados vinculados con la minería, según Lemus.

El rarámuri Isidro Baldenegro López es tan solo uno de los múltiples luchadores sociales asesinados por enfrentarse al paso de las mineras; Noel López Olguín es, de igual forma, uno de tantos periodistas que murieron al investigarlas.

En contraste, los cuatro hombres más ricos de México: Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Baillères González y Ricardo Salinas Pliego, deben gran parte de su fortuna a las concesiones mineras que se les han otorgado desde el sexenio de Felipe Calderón, y eso que los mexicanos representan solo el 7% del total de concesiones mineras.

Algunos datos sobre el litio

Las cifras sobre el litio mexicano son difusas, no obstante, hay dos fuentes internacionales que ven en México un alto potencial de este elemento.

Por un lado, en diciembre de 2019, Mining Technology publicó un ranking de las 10 minas de litio más grandes del mundo. En este listado, México aparece en el primer lugar, con el proyecto Sonora Lithium, que quedó en manos de la empresa china Ganfeng Lithium después de que ésta adquiriera a Bacanora Lithium.

Según una publicación de Forbes, el yacimiento en Sonora cuenta con 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio y hacia 2023 podría comenzar a producir alrededor de 17,500 toneladas anuales de este elemento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) también ve un gran futuro para el litio mexicano. Esta agencia considera que México es de las naciones en el mundo que cuenta con más recursos de litio, ubicándola en el lugar número 10 a nivel mundial.

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Violeta Núñez, publicó recientemente un libro titulado La batalla por el litio de México. En esta obra, la experta comparte que Sonora, Puebla y San Luis Potosí son las tres entidades con la mayor concentración de litio en el país.

Asimismo, la investigadora muestra que desde hace más de 40 años “el gobierno mexicano enunciaba la importancia estratégica del litio y desde entonces sabía del uso que podría dársele para las baterías de los vehículos eléctricos”.

A futuro, se espera que la demanda de litio en el mundo aumente seis veces, gracias a la creciente adopción de vehículos eléctricos.

Con este panorama, la nacionalización del litio mexicano puede traer una cuantiosa bonanza económica para el país. Claro, si se desarrolla la infraestructura nacional, se aminora el impacto ambiental (que no será nulo), se solucionan las problemáticas sociales que la minería trae, se mantiene a raya a la delincuencia organizada, y un largo etcétera.