Por: Mariana González

Hace unas semanas, las organizaciones de la sociedad civil EQUIS Justicia para las Mujeres y Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. ofrecieron una conferencia de prensa, con el objetivo de exponer las inconsistencias en el proceso de implementación de la Ley de Amnistía en México.

De manera individual, cada organización ha brindado asesoría y apoyo a personas privadas de la libertad que buscan obtener la amnistía. De forma conjunta, interpusieron un amparo, por las omisiones de las autoridades, al no cumplir con sus obligaciones estipuladas en el ACUERDO por el que se crea la Comisión de Amnistía, específicamente la del artículo segundo transitorio, en donde se establece que deberá aprobarse el procedimiento para tramitar las solicitudes.

Antes que nada, hay que recordar que la Ley de Amnistía es una iniciativa propuesta desde hace ya casi un año por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo fin es el de extinguir las penas por algunos delitos contra la salud y delitos cometidos por personas de comunidades indígenas cuyo derecho al debido proceso no se respetó, funcionando como un instrumento de justicia a favor de los grupos vulnerables. Después de meses, la norma fue promulgada en abril, supuestamente, para poder despresurizar las cárceles y así, evitar contagios masivos de COVID-19. Sin embargo, como afirman estas organizaciones, solamente se ha quedado en papel y no se han seguido los procedimientos para hacerla una realidad.

Para dar contexto de la situación de las personas privadas de la libertad y comprender la importancia de la Ley de Amnistía, María Sirvent, directora de Documenta -organización enfocada en el fortalecimiento del sistema justicia, en beneficio de las personas privadas de la libertad-, afirmó que “las cárceles han sido una bomba de tiempo” y, por la pandemia, se ha evidenciado la crisis dentro de estos centros. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el 2 de agosto había 1,974 casos confirmados y 180 decesos en las cárceles. No obstante, Documenta piensa que hay un subregistro, dado que varios penales no reportan su información y no hay un registro oficial a nivel federal.

Por su lado, Ana Pecova, directora de EQUIS -organización feminista cuyo foco es mejorar y garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres-, aseguró que las personas en los centros penitenciarios, después de quienes están en los hospitales, conforman la población en mayor riesgo ante el COVID-19. Según Pecova, éstas se encuentran en hacinamiento y el 92% no tiene acceso a productos de higiene y, si lo tiene, son de muy baja calidad, por lo tanto, estas condiciones coadyuvan a la propagación del virus.

Igualmente, Viridiana Valgañón, litigante de EQUIS, habló sobre el caso que están llevando para conseguir la amnistía de una mujer zapoteca de 35 años. Esta mujer era costurera y se encargaba de cuidar a su madre, y fue detenida por transportar, por primera vez, un paquete de drogas desde Oaxaca a la Ciudad de México. Fue sentenciada por un juez federal a seis años y seis meses de prisión. La abogada enfatiza en que se mandó la solicitud de amnistía el 1 de julio, pese a que no se han establecido los lineamientos por parte de la Comisión. Finalmente, comentó sobre el amparo que están tramitando conjuntamente EQUIS y Documenta, derivado de que no se ha publicado el procedimiento, a pesar de lo dictado en el Acuerdo mencionado anteriormente. Si bien se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión a 72 horas de su creación, no se sabe si se definió el procedimiento ni por qué no se ha publicado, explica Valgañón.

Adicionalmente, Nohemí Juárez, litigante de Documenta, comentó sobre el caso llevado desde la organización a partir del 1 de julio, vía Internet. La abogada detalló que un joven de 18 años fue detenido el 25 de junio al tratar de cruzar la frontera hacia Estados Unidos con metanfetaminas, aunque él desconocía que las llevaba. Se le dieron 46 meses de prisión en Estados Unidos y fue extraditado a México. Igual que en el caso de EQUIS, fue víctima de su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, el 20 de julio les solicitaron la sentencia y las pruebas.

Aunque se puede debatir el verdadero impacto de la Ley de Amnistía para reducir la letalidad y los contagios de COVID-19 en las cárceles, lo que es un hecho es que ha habido una gran falta de transparencia por parte del Estado en el proceso de implementación de este instrumento jurídico. Esto, al final, afecta a las personas que podrían beneficiarse de ella, pues no se debe olvidar el ideal detrás de la ley. Por consiguiente, es destacable el trabajo que realizan las organizaciones sociales, como EQUIS y Documenta, al apoyar a personas vulnerables a conocer y acceder a la amnistía.

Foto de portada: S. Hermann & F. Richter